Los servicios de saneamiento en Argentina estuvieron a cargo de una empresa del Estado hasta 1982, cuando el gobierno nacional decidió transferir dicha responsabilidad a los gobiernos locales. La ciudad de Buenos Aires y algunos distritos adyacentes quedaron fuera de esta decisión y bajo el control de Obras Sanitarias de la Nación (OSN). Tras la adopción de estas medidas, el sistema descentralizado de saneamiento registró una disminución del ritmo de expansión de la red, poca innovación, un servicio de baja calidad y deficiencias operativas de las empresas proveedoras del servicio. La insatisfacción general con el desempeño del sistema, aunada a las incesantes presiones en pro de la expansión y el mejoramiento del servicio y la disminución de la carga que representaba el financiamiento de activos de bajo rendimiento, abrieron el camino a la participación del sector privado en la industria; política que probablemente acusara también la influencia de la privatización generalizada que acometiera el gobierno de Menem desde 1989. Para finales de los años 90, operadores privados prestaban servicio a dos tercios de la población cubierta por la red de saneamiento.

La concesión de Buenos Aires constituye el episodio más amplio y mejor documentado de la privatización del sector de saneamiento en Argentina. En mayo de 1993, la OSN transfirió la responsabilidad de los servicios de agua y el sistema de alcantarillado de la ciudad de Buenos Aires al consorcio Aguas Argentinas, por medio de un contrato de concesión a 30 años, con los objetivos de reducir el financiamiento público y ampliar la cobertura de acuerdo con un plan de objetivos específicos dirigidos a alcanzar determinados niveles de servicio y brindar un servicio universal para finales de la concesión. La franquicia fue concedida al consorcio que ofreciera la mayor reducción de las tarifas vigentes de la OSN. Desde la privatización, la función de regulación del gobierno ha estado en manos del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, organismo normativo responsable de monitorear las actividades del concesionario y velar por el cumplimiento del contrato y las regulaciones.

Los diez años que han transcurrido desde la privatización han permitido acumular un volumen considerable de pruebas sobre el desempeño de Aguas Argentinas. Luego de la reforma han surgido opiniones divergentes sobre la gestión privada. Algunos observadores sostienen que la concesión de Buenos Aires ha generado grandes beneficios en cuanto al bienestar de los consumidores, mientras que otros destacan que no se han alcanzado plenamente las metas de la privatización, en razón de la conducta oportunista de la empresa y la limitada capacidad del ente regulador para proteger los intereses de los consumidores.

En este documento se examina la evolución del sistema de saneamiento de Buenos Aires durante el período posterior a la privatización. El propósito es evaluar la experiencia de la gestión privada y sopesar la validez empírica de las principales manifestaciones a favor y en contra de esta. Para ello, el análisis se concentra en la evolución del desempeño del sistema en cuanto a los objetivos de la privatización: ampliar la cobertura, reducir las tarifas y elevar los niveles de servicio. El ensayo se divide en ocho secciones. En la sección 2 se analiza el cumplimiento de las metas del contrato en cuanto a cobertura del servicio y gastos de inversión. En la sección 3 se describe la taxonomía de las reformas inesperadas de las tarifas. En la sección 4 se examina el desempeño financiero del concesionario, mientras que en la sección 5 se utiliza un modelo simple de números indexados para realizar una evaluación integral del desempeño económico de las concesiones. En la sección 6 se estudia la función del ente regulador, mientras que en la sección 7 se compilan comentarios sobre las políticas a favor de los pobres y se exploran las alternativas que conducirían a la prestación de un servicio universal. Finalmente, la sección 8 reúne las conclusiones.